Arrierías 93
Mario Ramírez Monard
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Corrupción, desconocimiento, falta de aplicación de la ley más el desgreño politiquero que han hecho de nuestro país una zona peligrosa e invivible, han generado una pobreza tan visible, que el desempleo y el hambre están ganando la batalla expansiva a lo largo de todo nuestro marco geográfico. Los datos no pueden ser más escalofriantes: más de 20 millones de personas aguantan física hambre en Colombia y la mitad de esa inmensa población sólo come una vez al día.
Cientos de miles de empleos se pierden mensualmente y la culpa está en el inmisericorde contrabando que entra al país proveniente de grandes firmas o productos de baja calidad hechos con mano de obra barata en países asiáticos -casi que a nivel de esclavismo-, han aumentado los cinturones de miseria en las grandes y populosas ciudades colombianas. Es una inmensa bomba social que, de reventar, las consecuencias serán una hecatombe para nuestro país, este rico marco geográfico que nos dio la naturaleza para lograr una vida más equitativa, más justa, más digna.
La falta de recursos presupuestales obliga al Estado a hacer ajustes en la inmensa burocracia que vive de nuestros impuestos, pero inicia esos recortes en educación, deportes, cultura y en el asistencialismo obligado por nuestro mismo Ordenamiento Jurídico: “Colombia es un Estado social de Derecho…” pero las ramas del poder público conservan sus privilegios, no son tocados ante la urgencia de ajustar o adelgazar la enorme burocracia. Cuando en una familia, una sociedad o una organización escasea el dinero, pues la obligación es gastar menos. En Colombia quien sufre los recortes es la sociedad civil.
En el caso del Estado Colombiano, sobran congresistas, las famosas Unidades de Trabajo Legislativo, lo mismo que embajadas, consulados, superintendencias, consejerías y otras dependencias que se han convertido en nidos burocráticos y oficinas desde donde parte la inmensa corrupción oficial que nos tiene asfixiados.
Urge una verdadera reforma estatal para hacer desaparecer las Asambleas departamentales y reducir las gobernaciones al máximo para dar paso a cinco o máximo seis grandes regiones y cada región tener un organismo que reemplace las inanes Asambleas. En este caso particular, la Cámara de Representantes debe ser para cada región y el Senado no debe tener más de 120 legisladores con una inmensa formación académica o de conocimiento administrativo.
Si queremos cambiar al país, debemos cambiar nosotros. Cumplir la ley, respetar la autoridad y todos los funcionarios públicos deberán ser evaluados para que puedan continuar en el desempeño de sus funciones. Conocer nuestro Ordenamiento Jurídico debe ser obligatorio cumplimiento es escuelas. Colegios, universidades.
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